SOBERANÍA ALIMENTARIA
Por: Abel Ávila |
La soberanía alimentaria es el DERECHO DE LOS PUEBLOS Y DE SUS PAÍSES A DEFINIR SU POLÍTICA AGRARIA Y ALIMENTARIA, bajo los principios de sustentabilidad, productividad, distribución y consumo; garantizando el derecho a la alimentación para toda la población y el respeto e incentivo a la diversidad de producción agrícola de la costa, sierra y amazonía, sostenida en el desarrollo de las pequeñas economías de campesinos, indígenas y pescadores. Es condenable, entonces, toda práctica de dumping (venta por debajo de los costos de producción) de terceros países o en contra de ellos.
Se entiende además como El derecho de los pueblos campesinos a producir alimentos y el derecho de los pueblos consumidores a poder decidir lo que quieren consumir, como y quien se los produce, respetando sus propias culturas y la producción agropecuaria, así como la gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.
La soberanía alimentaria es una alternativa sólida y un nuevo marco político para la generación de nuevas políticas agrícolas y alimentarias. La lucha por la soberanía alimentaria incorpora una amplia serie de temas, tales como la propiedad de la tierra, el control de los mercados locales, la biodiversidad, la cooperación, la solidaridad, el derechos al crédito flexible, la propia salud, cuando sabemos que uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica en nuestro país, y otros muchos temas de preponderante importancia para garantizar la producción de alimentos localmente.
Además, la Soberanía Alimentaria tiende a la unidad de campesinos/as, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores/as agrícolas, mujeres y jóvenes, en torno a organizaciones que busquen el desarrollo del agro y el equilibrio en la distribución de la riqueza.
En este marco es necesario rescatar la iniciativa de la Mesa 6 de Producción, Trabajo e Inclusión social de incluir este concepto en la estructura de la nueva constitución, más aún si en nuestro país más del 60% de la población bajo la línea de pobreza se dedica a la agricultura. Para lo cual se establecerán ciertos principios que servirán de guía para el fortalecimiento de los sectores indígenas y campesinos, cuyas economías fueron deprimidas al extremo en la noche neoliberal, pero consideramos importante modificar el sexto principio del segundo artículo, el mismo que dice lo siguiente: “Proteger a la población del consumo de alimentos contaminados, la utilización de productos agro-tóxicos y la introducción de organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud”; sugerimos cambiarlo por este principio:
Se prohíbe la introducción, uso, comercialización y liberación al ambiente de los cultivos transgénicos y sus derivados en la alimentación, así como toda otra tecnología que atente contra el derecho a la alimentación del pueblo ecuatoriano.
Así mismo, consideramos que es importante incorporar:
Los precios de los productos agrícolas deben estar ligados a los costos de producción. El Estado establece mecanismos para proteger el mercado agrícola nacional.
FUNDAMENTO
Por un lado, el principio seis es permisivo a la entrada de transgénicos, y por otro, la palabra proteger, implica una protección contra productos agrotóxicos o transgénicos que puede significar simplemente etiquetar aquellos productos. Esta es una medida altamente discriminatoria pues no todo el mundo sabe leer y no todo el mundo tiene cultura de leer un producto etiquetado. Además un producto etiquetado encarece el producto y discrimina entre consumidores que tienen posibilidad de acceso y los que no. No podemos poner a nadie de la sociedad bajo riesgo, menos aun si quienes entran en riesgo son los pobres. Además el etiquetado no evita consumo cuando los pobres se ven obligados a comprar productos de mala calidad y riesgosos si estos tienen precios más accesibles para sus bolsillos vacíos, de modo que no se logra la protección.
Aquí se habla solo de alimentos y no menciona para nada lo relativo a cultivos. Los cultivos transgénicos son fuente de contaminación genética, las semillas transgénicas tienen todas derecho de propiedad particular lo que hace que los campesinos pierdan el control de todo el proceso productivo al perder el primer eslabón de la cadena productiva: la semilla. Este solo principio, quedando así, vulnera todo el sentido de la soberanía alimentaria y de los artículos anteriores.
Precios agrícolas ligados a los costos de producción.- Esto será posible siempre que los países tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sustentable y que controlen la producción en el mercado interno, es decir, que el Estado tenga la capacidad de fijar precios sin que esto comprometa la economía campesina, por eso se habla de proteger el mercedo en un sentido global, no puede ser posible que hasta ahora la banca usurera haya negado, según datos del INEC, el 79% de los créditos solicitados por la población pobre. El objetivo de esto, es evitar excedentes estructurales, que ya en el caso de haber satisfecho las necesidades internas se los destinaría a la exportación.
En el Art. 3. No es materia de constitución el crear consejos. En caso de incluirse de todas maneras en este articulado, se debería indicar que debe estar adscrito al Ministerio de Agricultura para devolver su carácter de rector de la política agraria y alimentaria, ya que actualmente esta potestad ha sido privatizada con la creación de entes autónomos, consejos y otros.
La alternativa para apegarse a términos más constitucionales sería reemplazarlo por: El estado garantizará la participación plena y activa de la población y de organizaciones campesinas, indígenas y pescadores en los espacios de decisión de políticas de producción, comercialización y consumo de alimentos.
FUNDAMENTO.- Con esto reconoceríamos la participación de los pueblos en la definición de la política agraria y los derechos de las/os campesinos/as que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
